El caso de los ERE falsos de Andalucía es uno de los mayores escándalos de
corrupción de los últimos tiempos. No lo parece, pues se ha puesto de moda que
salten casos de corrupción en los últimos meses y cada vez hay más imputados.
La jueza Mercedes
Alaya, del Juzgado de Instrucción numero 6 de Sevilla, estuvo de baja por
enfermedad casi medio año. Durante este tiempo la Junta de Andalucía ha
intentado infructuosamente remplazarla por otro juez para el caso de los ERE.
Sin embargo, con su vuelta al trabajo se ha llevado a cabo el 20
de este mes la
operación Heracles. La Unidad de
Delitos Económicos de la Guardia Civil ha detenido a 22 personas como
consecuencia de dicha operación y ha imputado a 9 personas más en el caso. Se
realizaron 13 registros en varias provincias, entre ellas Sevilla, Cádiz, Jaén,
Granada, Madrid y Barcelona.
El ex director de Trabajo de la Junta de Andalucía,
Francisco Javier Guerrero, es el principal sospechoso y ha sido citado a
declarar en los pasados días, nuevamente. Unas horas después fue encarcelado
por riesgo de fuga sin derecho a fianza. También fue encarcelado hace casi un
año.
El escándalo de los expedientes
de regulación, conocidos como ERE, involucra a unas 72 personas que aparecían en dichos expedientes de empresas en las
que nunca trabajaron con el fin de desviar dinero público. Se han identificado
más de un centenar de discordancias
hasta la fecha y la cuantía del dinero robado por esta modalidad asciende a más
de 650 millones.
Entre detenidos e imputados hay unas 146 peronas
actualmente. Se trata de una de las más grandes tramas de corrupción que se han
desvelado en España y, desde luego, la más grande acontecida en Andalucía.
Por donde se mire, es un escándalo dantesco y mayúsculo que
salpica a toda la Junta de Andalucía en ejercicio cuando estaba en el cargo el
ex director de Trabajo anteriormente mencionado. Pues, no se considera posible que la Junta de Andalucía no se diese cuenta
de las cuantías de dinero movilizadas de forma indebida por medio de estos ERE
falsos. Esto es el colmo del descaro, se trata de encubrimiento para delinquir.
Acudimos a otro de los escenarios más vergonzosos de la
política española pues, por un lado, la Junta ha presentado la documentación
solicitada con retraso. Tanto así que la jueza ha tenido que dar un ultimátum a
la Junta. Por si esto fuese poco, los documentos presentados están incompletos.
Además, hay quienes aseguran, desde la Junta de Andalucía,
que la misma reveló la trama de corrupción pero se ha demostrado que tal cosa es mentira. O sea, no solo
cometieron un enorme delito sino que intentan encubrirse a ellos mismos
lavándose las manos cual inocentes corderos.
A día de hoy, mucho se sabe de la corruptela en vigor que se
traían entre manos los altos cargos que ejercían en aquel mandato. El ex chófer
de Guerrero ha declarado que éste se gastaba unos 25 mil euros de dinero público en cocaína mensualmente. Tal es el
descaro de éste y otros imputados.
Huelga decir que parte de la crisis se habría evitado con el
dinero que estos señores derrocharon a expensas del ciudadano que trabaja cada
día y ahora paga las consecuencias de tanta irresponsabilidad. También se
tienen indicios convincentes de que ciertas compañías, como Vitalia o Uniter pudieron haber cobrado comisiones de hasta 50 millones de
euros.
La cantidad del
dinero robado es, pues, desorbitante. Esperemos ver a cada uno de los
responsables entre rejas próximamente y que – para variar – esta vez sí se
predique con el ejemplo a la hora de condenar a todos los involucrados.
César P.
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