14 de diciembre de 2014

La ley mordaza no deja meter baza


Ya es realidad aquello con lo que el Gobierno de este país venía amenazando desde hace un tiempo: se ha hecho recortes con la libertad de expresión. El PP ha aprobado por cuenta propia en el Congreso la reforma en la ley de seguridad ciudadana que se ha denominado popularmente como ley mordaza. Esta controvertida ley ha levantado chispas en toda la oposición y, en general, en cualquier persona con dos dedos de frente que piense las cosas con coherencia. Es una ley que está un paso más cerca de entrar en vigor, pues ya solo le queda ser aprobada en el Senado próximamente.

Antes de continuar, quiero dejar claro que no soy ningún experto en leyes y lo que comento a continuación está basado en artículos que he leído sobre el tema, si algo es incorrecto agradezco cualquier corrección. Nótese la ironía en más de una ocasión, es muy sutil.

Es otra de las leyes hechas por el PP, con toda la buena intención que los militantes de ese partido tienen y con toda su buena fe, qué duda puede caber. Por un lado, se trata de una ley que modifica los procesos legales relacionados con manifestaciones, considerando algunas de ellas como faltas administrativas. Cuando entre en vigor la ley, algunas conductas amparadas hasta ahora dentro de la libertad de expresión pasarán a multarse de forma casi automática y sin muchos miramientos. Algunas de estas multas tendrán que recurrirse primero por la vía administrativa y después por la penal, al contrario de lo que pasaba ahora.

Una de las consecuencias de este cambio es que se tendrán que pagar tasas, algo de lo cual estaban exentos los procesos de faltas hasta ahora. Además, y de forma accidental, las multas son astronómicas por manifestarse en el Congreso o algún edificio público. En otras palabras, se le pone un freno a los manifestantes, ya que se enfrentarán a cargos mucho más severos que hasta ahora. Por otro lado, esta ley de seguridad también modifica las acciones a seguir con los inmigrantes indocumentados, quienes podrán ser expulsados del país con más facilidad.

Ahora pensemos en lo que estos cambios, solo algunos de los que conllevará la nueva ley, implican. Por una parte, se trata de amedrentar a quienes, de seguir las cosas como están, podrían haberse manifestado en algún momento. Y da igual las veces que el Gobierno nos diga que es por nuestra seguridad, no hay quien se trague semejante falacia. Por nuestra seguridad, señor presidente, invierta en educación o en medidas de seguridad, ya que restringir a los manifestantes no aumenta en ninguna medida la seguridad del ciudadano. Pero, casualmente, si aumenta la seguridad del desairado gobernante, ¿no será que...? No quiero pensar mal.

Además, esta controvertida ley agiliza la expulsión de sin papeles. Esta medida puede ser controvertida y es posible que haya quien se muestre en contra pero no veo qué podría tener de malo. Antes, más bien, podría resultar beneficiosa hasta cierto punto. Considerando que España aún no está en una situación boyante, vuelve a dar igual que el presidente diga otra cosa puesto que a nadie engaña, no es ninguna locura regularizar la situación de los inmigrantes indocumentados enviándolos de vueltas a sus países de origen.

Le duela a quien le duela, la realidad es que antes de poder acoger a más gente este país tiene que levantar cabeza. ¿Queda feo o políticamente un poco incorrecto? Sí. ¿No deja contento a todo el mundo? También, pero eso es inevitable. Ahora, si bien lo de agilizar estos trámites puede encajarse con argumentos, no veo que pase lo mismo en absoluto en cuanto al resto de modificaciones de la ley mordaza. Aun así, las denominadas devoluciones en caliente de inmigrantes tal vez no sean la respuesta adecuada pero es una alternativa entre las muchas a elegir.

Hay incoherencias, desde mi punto de vista, en este proyecto de ley que valen la pena mencionarse: el botellón pasa a ser una falta leve y manifestarse – en cierto contexto - es falta grave. ¿Qué lógica tiene eso? Literalmente, se trata de poner un bozal a la gente en forma de sanción administrativa. De esas que duelen en la parte que duele más: el bolsillo. Lo único que se puede extrapolar es que el Gobierno intenta intimidar a los manifestantes para que su mandato sea más tranquilo. No veo la forma en la que una reducción de manifestaciones aumenta mi seguridad, Sr. Rajoy, igual es que no lo he pillado.

César P.

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