Ya iba siendo hora de que la Unión Europea (UE) se
tomase en serio erradicar este tipo de abusos contra el ciudadano. En España
han proliferado las hipotecas con cláusulas abusivas en los últimos años
siendo, de hecho, ilegales.
Con esta iniciativa de la UE esperemos no ver más este tipo
de cláusulas que atentan contra los intereses de los consumidores para
beneficio de unos pocos que buscan lucrarse a costa de los demás. Por medio de
estas medidas, la directiva europea busca proteger
más a las personas que han caído presa de las deudas debido a estas
cláusulas.
A partir de ahora el comprador de un inmueble estará mejor
asesorado en todo momento, conocerá los precios y los costes sin letra pequeña. De esta forma, el comprador podrá embarcarse
en una hipoteca con mayores garantías. Se encontrará en todo momento más
protegido en caso de impago por cualquier circunstancia.
También se busca acabar con
los préstamos irresponsables que pululaban en países como España en los
últimos tiempos. Se ha comprobado que el sistema hipotecario español era de lo
más injusto con el deudor. Por desgracia, además, hemos tenido que ver casos
extremos de suicidios de algunas personas desahuciadas. Es decir, el sistema
estaba tan desequilibrado que no daba otra opción a los deudores que quedarse
en la calle.
Por ello, algunas personas sumidas en la desesperación
eligieron acabar con sus vidas en España a lo largo de los pasados meses.
Actualmente, la situación ha cambiado gracias a la intervención de la UE. Hemos
visto cómo las declaraciones sobre la ilegalidad de las cláusulas abusivas han
dado nueva esperanza a los deudores embargados por los impagos.
Recordemos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) declaró que estos procedimientos eran ilegales Después de
esta sentencia, el Gobierno se ha visto
obligado a modificar la actual ley hipotecaria.
Sin embargo, la UE ha visto una ocasión adecuada para ir un
paso más allá y regularizar estas situaciones en Europa. Lo que sucedió en
España fue realmente lamentable y esperamos no tener que ver nuevamente una
situación similar. Al parecer, en el resto de Europa también ha habido otros
casos de abusos hipotecarios.
Por ello, la UE está trabajando en la preparación de una directiva
comunitaria sobre los créditos hipotecarios. El objetivo
principal es asegurar y aumentar la protección
al deudor hipotecario y se considera que la forma de hacerlo es eliminando las cláusulas abusivas en los
contratos.
Así, se acabará el excesivo lucro de las entidades que
conceden las hipotecas y de quienes dan los préstamos para pagarlas. Este
negocio que se nutría de los ciudadanos debe terminar. A cada quien le
corresponderá lo suyo y los compradores no se verán desamparados por la ley con
las nuevas normativas que se aprobarán en la UE.
Las personas deben
de contar con toda la información disponible para conocer las consecuencias de
hipotecarse. Aún se debe aprobar la ley por el Parlamento y por los Estados miembros.
A partir de este momento habrá un plazo de un par de años
para que los países miembros de la UE incorporen estas leyes en sus
legislaciones. Estos son los puntos
clave que enmarcan las nuevas leyes:
·
Información para el comprador
Con esta nueva ley,
el comprador deberá de tener un periodo
obligatorio de reflexión de 7
días antes de la firma. Esto se aplicará a cualquier contrato hipotecario
o se podrá establecer en su lugar un plazo de 7 días para retractarse una vez se haya firmado. Esta normativa la
definirá cada estado miembro de la UE.
·
Prohibida la vinculación a otros productos
Las leyes no
permitirán a los prestamistas hacer otro tipo de ofertas. Las ofertas de crédito no podrán tener relación con la compra de
seguros y otros productos financieros de un proveedor cualquiera.
Es
decir, cada producto deberá ser contratado por separado y no se podrán hacer paquetes
que incluyan todos los productos.
Así, los consumidores podrán cambiar de
entidad o de proveedor con mayor facilidad. Esta medida pretende combatir la
dependencia de los consumidores a la entidad con la que contratan todos los
servicios, como se hacía hasta ahora.
Las pólizas de seguro, en caso de
contratarse en otra empresa, deberían de tener las mismas garantías que ofrece
el prestamista.
·
Flexibilidad para pagar la deuda
Estas nuevas leyes
buscan determinar algunas reglas de
flexibilidad en el pago. Esto se considera un derecho del prestatario a la
hora de pagar el préstamo antes del plazo acordado.
La entidad prestamista, normalmente una
caja o un banco, podrá recibir una compensación justa por este reembolso anticipado pero no podrá imponer multas adicionales.
Quienes puedan pagar la deuda con
antelación no se verán castigados por
subidas en el pago.
·
Sobre las demoras y desahucios
Será necesario
tener una tolerancia razonable
antes de proceder a las ejecuciones.
Con la nueva legislación se pondrá límite a
los cargos por impago, no se permitirá que los países de la UE se nieguen a la dación
en pago una vez acordada entre las partes, se impondrá el deber de buscar el
mejor precio por la venta de la propiedad en las ejecuciones y se exigirá a
todos los países de la UE tomar medidas que faciliten el pago.
De esta forma, se protegerá a los
consumidores y se evitará el excesivo endeudamiento a largo plazo, algo que
podía darse con las cláusulas que existían a día de hoy.
·
El fin de los préstamos irresponsables
El Parlamento
europeo pretende eliminar los préstamos que no tengan las garantías necesarias
para proteger al consumidor.
Las entidades vendedoras de hipotecas serán
autorizadas, registradas y supervisadas
por las autoridades nacionales para asegurarse del cumplimiento de los
requisitos profesionales estrictos.
Además, se ajustarán los criterios de
evaluación de solvencia del comprador. Esto significará que no se concederán
hipotecas a personas que no puedan pagarlas, disminuyendo el riesgo de que
caigan en impago.
A lo largo de los próximos meses se espera la aprobación de
estas nuevas leyes hipotecarias. Esperemos que con esta nueva legislación ya no
veamos más casos de desahuciados que se suicidan al quedarse en la calle.
La vivienda es un
derecho para todos los ciudadanos y, por lo tanto, debe estar a un precio justo.
César P.
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